Entre el 24 de enero y el primero de mayo de 2021, es decir durante 97 días, no hubo vigilantes que custodiaran varias instituciones educativas ibaguereñas de la delincuencia común.
Tampoco existió el monitoreo de los sistemas de seguridad en las aulas y áreas administrativas, mientras los estudiantes asistían a clases virtuales desde sus viviendas.
Fueron más de 90 sedes y subsedes que quedaron desprotegidas y a merced de algunos padres de familia quienes mediante turnos intentaron protegerlas del acecho de estructuras criminales.
Sin embargo, los esfuerzos comunitarios fueron en vano y mientras que en la Alcaldía les manifestaban que todavía no había asignación presupuestal para el contrato de vigilancia privada, el hampa aprovechaba el ‘papayaso’ y violaba las frágiles chapas de dos subsedes del colegio José Joaquín Flórez.
En una madrugada del mes de febrero, cuatro sujetos ingresaron a la sede San Francisco Club, ubicada en el kilómetro 3 de la vía a Picaleña, y hurtaron varios elementos tecnológicos sin que nadie pudiera impedirlo.
Días después, irrumpieron en las instalaciones de la sede Secundino Porras Cruz, situada en el barrio Picaleña parte alta, justo en frente del Club Recreacional Comfenalco, y se llevaron equipos, pupitres y hasta los cuadernos que utilizaban los profesores para preparar clases.
“Se llevaron computadores, tablets, cámaras de seguridad, pupitres, sillas, rompieron el tejado, se llevaron todos los implementos deportivos, el equipo de sonido también se lo llevaron. Mejor dicho, hasta los cuadernos de los profesores los cogieron”, manifestó Lamberto García, rector del colegio José Joaquín Flores.
Aunque la Policía Metropolitana de Ibagué no alcanzó a cuantificar el valor de los hurtos, el funcionario indicó que las pérdidas ascendieron a más de $40 millones.
De igual manera, el rector reveló otro dato preocupante: los criminales han hurtado en un año hasta 14 veces la misma sede, a raíz de la desprotección.
“Es frecuente que las sedes las dejen sin celaduría. Por ejemplo, hubo una que la robaron 14 veces, se llevaron hasta los ladrillos. A otra se entraron como ocho veces, por falta del recurso humano que se llama vigilante”, reiteró García.
¿Qué dice el Secretario de Educación?
ContraPeso consultó al secretario de Educación de Ibagué, Juan Manuel Rodríguez, quien reconoció que las instituciones educativas en mención estuvieron sin vigilancia privada durante los cuatro primeros meses de este año por “falta de recursos”.
“Para el momento de la terminación del contrato anterior no se contaba con el recurso económico. Una vez se estableció el mismo, se procedió a dar inicio al proceso contractual, el cual por su modalidad resultó siendo demasiado largo”, indicó el funcionario.
De igual manera Rodríguez argumentó que durante el proceso de contratación hubo varias dificultades, entre ellas, la disminución presupuestal por parte del Gobierno Nacional para este tipo de asignaciones.
“Referente a las dificultades que se han presentado para la generación del contrato con la empresa de seguridad, estamos hablando de un tema presupuestal puesto que la nación ha venido presentando una disminución significativa en este componente”, explicó el jefe de la cartera de Educación.
¿No hubo planeación?
Esta redacción obtuvo los dos últimos contratos de prestación de servicios que ha celebrado la Administración Municipal en sus 19 meses de gobierno. En ellos se evidencia la falta de planeación y preocupación por la seguridad de las instituciones educativas de la zona urbana y rural.
El primer contrato es el 0795 del 19 de junio de 2020 que la Alcaldía de Ibagué suscribió con la empresa de vigilancia privada Seguridad Trébol LTDA para “La prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con la utilización de medios tecnológicos (monitoreo de alarmas, y circuito cerrado de tv) para las instituciones educativas y la sede administrativa de la Secretaría de Educación del municipio de Ibagué”.
Dicho contrato costó $565 millones y tuvo un plazo de ejecución de cuatro meses y 23 días, es decir, estuvo vigente hasta el 11 de noviembre de 2020 y luego tuvo una adición hasta el 31 diciembre 2021. (VER CONTRATO).
El segundo contrato fue suscrito cuatro meses después: el 1123 del 26 de abril de 2021 y fue celebrado con la misma empresa de vigilancia (Seguridad Trébol LTDA) por un valor de $979 millones en un plazo de ejecución de ocho meses, es decir, estará vigente hasta el mes de diciembre del presente año. (VER CONTRATO).
No hay seguridad en la zona rural
De otro lado, el secretario Rodríguez aclaró que las instituciones educativas públicas de la zona rural no tienen vigilancia debido a que la presencia de bandas delincuenciales es menor, en comparación a la zona urbana, y hay más sentido de pertenencia de la comunidad.
"No se requiere puesto que los rectores han llevado a cabo el encerramiento adecuado con el fin de minimizar y evitar el ingreso de delincuentes. De igual manera, vale la pena destacar que en el sector rural hay un nivel de pertenencia mucho mayor en el cuidado de lo público, por lo que la misma comunidad ha permitido mantener en buen estado de uso dichos bienes", indicó.
¿Se repetirá la historia?
Lo que temen muchos rectores y padres de familia es que el próximo año se repita la penosa historia y el contrato se firme casi a mitad de 2022, todo por la “falta de recursos” que subraya el secretario Rodríguez.
Mientras tanto, las más de 90 sedes y subsedes públicas seguirán quedado desprotegidas y sitiadas por la delincuencia que continúa desmantelando la limitada dotación de la que disponen muchos de los planteles.
Es de recordar que por este tipo de negligencias administrativas, entre otras, salió la exsecretaria de Educación, Jenny Carolina Mesa, (cuota de la congresista Adriana Magaly Matiz) a quien la cuestionaron por su falta de gestión y desfavorables indicadores en una de las carteras más importantes del gobierno 'Ibagué Vibra'.
