Después de 12 horas de una maratónica jornada en la que el hasta hoy abogado de confianza de Andrés Hurtado apenas interrogó a dos testigos, la Fiscal 38 seccional de delitos contra la administración pública confirmó la notificación por parte del sistema de Defensoría Pública. 

En su intervención ante el estrado, la funcionaria explicó que el mismo día en que se formuló el requerimiento, tras la renuncia del abogado Javier Hurtado, la defensora del Pueblo del Tolima, Gaby Andrea Gómez efectuó la respectiva delegación.

Según la Fiscal Elizabeth Torres, en la fase final del juicio la representación legal del mandatario estará a cargo del jurista Rubén Darío Ramírez, quien ya había fungido como abogado del ingeniero Hurtado en una audiencia. 

"Incluso le había pedido el favor que hiciera presencia hoy. Ya la Doctora Gaby Andrea Gómez Angarita me comunicó el mismo día, porque yo también le oficié y le indiqué por qué me tomaba el atrevimiento de sugerirle, me dijo que le parecía bien y reasignó al doctor Rubén Darío Ramírez", sostuvo la representante del ente acusador.

Ramírez tendrá que evacuar los testimonios finales solicitados por la defensa y presentar los alegatos antes de que el despacho profiera sentencia. 

Se agota el tiempo 

La preocupación latente para las víctimas y el Ministerio Público está puesto en los tiempos para el trámite de la acción penal, toda vez que es inminente que, sea cual sea el sentido del fallo, este será objeto de impugnación ante la sala penal del Tribunal Superior de Ibagué. 

Así las cosas, la premura que hoy agobia al despacho judicial de primera instancia y los demás sujetos procesales se transferiría a los magistrados que tendrían que pisar a fondo el acelerador para resolver.

Actuación cuestionada

La renuncia del abogado Javier Hurtado se produjo hace una semana luego de exponer situaciones que amenazaron su integridad y que reivindicó a fuerzas oscuras que habrían proferido amenazas telefónicas contra él y su familia.

Sin embargo, Hurtado se comprometió a mantener su acompañamiento hasta la audiencia del sábado. 

Hasta último momento la representación de víctimas y la Procuraduría reprocharon de la defensa de confianza del Alcalde de Ibagué, el incurrir en conductas orientadas a burlar la administración de justicia. 

En dos oportunidades el ahora exdefensor evadió las diligencias citadas, escudado en otros litigios, que como se ventiló en la vista pública, referían a delitos de menor gravedad y sin riesgos de prescripción en el corto plazo. 

Durante la más reciente sesión del juicio, incluso, se presentó una fuerte controversia entre el abogado de la Aerocivil, Marco Mariño y el jurista Ricardo Hurtado luego de que se le pidiera al juez de la causa conminar al apoderado del Alcalde a precisar su interrogatorio en torno a los hechos jurídicamente relevantes. 

El reclamo generó la molestia del abogado Hurtado quien calificó esta como una agresión directa contra la defensa, al tiempo que increpó a Mariño pues, a su parecer, en este juicio "cada vez que se le escucha es para censurar a la defensa de actos dilatorios". 

Al mismo tiempo, insistió en la intención de sugerir a su defendido que renuncie a los términos de la prescripción, pues dijo estar seguro de su inocencia.

Testimonios favorables

Aunque durante la extensa audiencia pública solo fueron interrogados dos testigos, ambos aportaron detalles que favorecerían la tesis de la defensa. 

William Serrato, controlador de tránsito aéreo explicó las diferencias entre la declaratoria de urgencia y emergencia de un avión, recalcó que después del cierre del aeródromo este no podía ser utilizado por ninguna aeronave. 

Precisó que incluso en caso de emergencia extrema no habría podido aterrizar si los sistemas de iluminación de la pista no estaban en operación. 

A su turno, el coronel Freddy Bonilla, ratificó lo que ya había declarado a los investigadores: que las competencias automovilísticas no pusieron en riesgo la seguridad aérea, pues se desarrollaron en un horario en el que no había operación y en un área que no está considerada como de maniobra.

Este lunes el juzgado definirá nueva fecha procurando liquidar el expediente antes del 30 de noviembre fecha en la que prescribe el delito de peculado por uso.