Las mayorías estudiantiles y algunos funcionarios de la institución, reprochando el daño a las instalaciones físicas como mecanismo de protesta, se unieron entonces para persuadir a una minoría de jóvenes que, escondidos detrás de prendas que cubrían sus rostros y cuerpos, terminan afectando hasta el desarrollo habitual de las clases.

“¿Ustedes creen que esto va a solucionar algo?”, dice uno de los estudiantes mientras los ‘capuchos’ bloquean los torniquetes que dan, con su respectiva identificación, el acceso y la salida a las instalaciones del alma mater.

Al final, la comunidad educativa hizo prevalecer el bienestar de la sede y la ejecución normal de su calendario académico, y dejó a los encapuchados sin un camino distinto al de echar para atrás la protesta que ya había sido convocada, sin mayor éxito, a través de carteles en varias zonas de la UT.

A mediados de marzo de este año, los mismos ‘capuchos’, en otra de sus manifestaciones violentas disfrazadas de “protesta” y revolución, causaron daños en el mobiliario por cerca de $400 millones.

Si bien, los llamados ‘Capuchos’ tienen derecho a protestar, también es cierto que las vías de hecho acompañadas de la destrucción de la infraestructura y el mobiliario universitarios, se convierten en formas carentes de sensatez, coherencia y sentido común, donde al final del día, la cuenta de cobro de los daños ocasionados, la termina pagando toda la comunidad educativa.