El pasado 4 de noviembre del 2022 el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley de la Paz Total, la cual otorga facultades al presidente de la República, al alto comisionado de paz y al Gobierno, para adelantar las negociaciones con grupos armados ilegales del país.
La iniciativa contempla establecer Regiones de Paz para adelantar diálogos con actores armados ilegales que deseen acogerse a la ley. Igualmente, se contemplan zonas de ubicación temporal con presencia de todas las autoridades, aclarando que no serán zonas de despeje de la Fuerza Pública.
También, gestionar las Regiones de Paz con comisionados en sitios específicos de Colombia que se identifican por un tipo especial de violencia que se quiere desmontar. Allí la articulación de autoridades y gestores de paz, ayudarán a dialogar y concertar con esas estructuras para avanzar en su posterior desmonte, entre otras cosas.
Gestores de paz
En este contexto a mediados de diciembre se conoció la primera lista de jóvenes de diferentes partes del país, detenidos durante las protestas de 2021 y que fueron elegidos por el gobierno como los primeros gestores de paz.
Santiago Márquez Charris.
Arles Andrés Bolaños Zemanate.
Adriana Esperanza Bermeo Súa.
Laura Camila Ramírez Enciso.
Juan Sebastián Galeano.
Álvaro Andrés Duque Ruiz.
Bremmen Hinestroza.
Según el Gobierno, en su momento se recibieron más de 200 perfiles que pasaron por un arduo proceso de selección, en el cual, entre cosas, se verificó que realmente estuvieron relacionados con hechos ocurridos en el paro nacional con temas de orden público.
Estas personas servirían como mediadores en conflictos sociales que, si bien no son de gran escala, son de fundamental resolución para alcanzar la paz total.
Narcos estarían pagando para ser elegidos como gestores de paz
En torno a esta iniciativa, la revista Semana ha desatado una gran polémica al revelar una investigación que vienen adelantando y que daría cuenta de que un amplio número de narcotraficantes, especialmente recluidos en La Picota y cárceles de máxima seguridad de Antioquia, estarían pagando hasta un millón de dólares por ser incluidos en estas listas de gestores de paz y de esta forma burlar la justicia al evitar su extradición a Estados Unidos y acogerse a los beneficios del programa.
Según la información revelada por Semana, esta estrategia se empezó a concebir en la pasada campaña presidencial, donde presuntamente Piedad Córdoba y Juan Fernando Petro, hermano del presidente, visitaron cárceles buscando apoyo para Petro, a cambio de un ‘perdón social’ para delincuentes de varias indoles, recluidos en los centros penitenciarios del país.
Aunque el tema en ese momento no se investigó a fondo, Córdoba fue apartada de la campaña presidencial.
A partir de ahí, un grupo de abogados habrían aprovechado la oportunidad para contactar a narcotraficantes y ofrecerles la posibilidad de ingresar a estas listas a cambio de jugosas sumas de dinero. Estos se haría a través de una presunta ONG a la cual ya varios delincuentes habrían consignado fuertes sumas en dólares.
Al consultar al comisionado de paz, Danilo Rueda, este manifestó estar al tanto de la situación y afirmó que “hemos tenido información e indicios de que está sucediendo una operación irregular e ilegal, en donde quizás algunos clientes están siendo engañados al recibir ofrecimientos para ser gestores de paz”.
Y además le habría revelado a la Revista Semana que ha recibido a los abogados de muchos narcos que quieren ser parte de la Paz Total, y se les ha brindado la lista de requisitos y requerimientos que el Gobierno establece para este programa, pues no cualquiera puede ser parte de las labores de paz urbana que se busca establecer en diferentes regiones del país.
Fue enfático en mencionar que la impunidad de ninguna forma está contemplada y por eso se hace un exhaustivo estudio a las miles de solicitudes que llegan a diario, por lo cual, quién esté ofreciendo este tipo de “cupos” a cambio de dinero, solo busca estafar a los delincuentes.
“Esto no es una boleta que se compra, ni tampoco algo que se rifa. Hay unos protocolos rigurosos para que pueda entregarse o designarse a alguien con esa categoría. Si se hace de otra manera, eso es corrupción”, afirmó el comisionado.
Por ahora queda en el aire, la investigación de la Revista Semana en la que explican que un grupo de abogadas que han sido denominadas ‘Las Prepago’ de La Picota, llegan en supuesta representación de ONG o Fundaciones, ofreciendo ser parte de La Paz Total a cambio de voluminosas cifras en dólares, que supuestamente garantizarían la inclusión al programa y por su puesto su no extradición, y que ya serían decenas de delincuentes, los que habrían hechos sus pagos.
Sin embargo, aún falta que el Congreso dicte el marco jurídico que permita que formalmente las personas elegidas puedan ser reconocidas como gestoras de paz, un debate que se dará en medio de este nuevo escándalo que salpica La Paz Total de Petro.
