Duramente sancionados serán los sujetos de control que no cumplieron con el trámite obligatorio de rendición de la cuenta, vigente hasta el pasado 28 de febrero, pese a las advertencias y socializaciones que previamente realizó la Contraloría Departamental del Tolima.
La contralora Carolina Giraldo Velásquez, no le rebajará ‘ni media’ a los funcionarios que no le rindieron cuentas al organismo fiscalizador.
En la lista de incumplidos aparecen los alcaldes de Murillo, Purificación, Ortega y Casabianca, a quienes les aplicarán, por instrucción de la contralora Carolina Giraldo Velásquez, el castigo más elevado a los servidores públicos.
Con una incidencia directa en sus ‘bolsillos’, a los mandatarios, junto a gerentes de hospitales y de empresas de servicios públicos que también ‘se pasaron por la faja’ al organismo de control, se les aplicarán procesos administrativos sancionatorios, que acarrean cinco meses de remuneración salarial, con una posible compulsa de copias a la Procuraduría para la respectiva investigación disciplinaria.
La lista de ‘desobedientes’ la completan los gerentes de los hospitales de Valle de San Juan, Purificación, Cunday, Natagaima y Coello, y se suman los representantes legales de las empresas de servicios públicos: Servidolores, ESPRON de Roncesvalles, EMSER de Murillo, y las EPS de Mariquita Cunday y Casabianca.
Quienes cargaron de forma incorrecta o incompleta la información, también se harán acreedores a castigos por incumplimiento, pero menos severos de hasta 60 días de salario.
Los cumplidores
Las empresas de servicios públicos de El Espinal, Lérida, Melgar y Suárez; los hospitales de Cajamarca, Casabianca, Mariquita y Espinal, la Lotería del Tolima y la Alcaldía de Rovira, fueron las 10 primeras entidades que presentaron a tiempo y de forma responsable, la información solicitada por la Contraloría Departamental.
Los 144 sujetos de control en el Tolima recibieron alertas y capacitaciones sobre la manera cómo debían cargar, a tiempo, los registros de cada una de sus actuaciones como funcionarios, además de ser los garantes del buen uso de los recursos públicos.
