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Contralor consigue modificar planta de personal en medio de tenso debate

diciembre 20, 2021
Tras un álgido debate jurídico y una apretada votación el saliente contralor municipal Iván Darío Delgado consiguió la aprobación en el Concejo Municipal de un polémico proyecto de acuerdo con el que se crean dos cargos nuevos en la planta de personal de esa entidad.

Con el voto favorable de 11 concejales de la ciudad, el proyecto que originalmente fue presentado por el ejecutivo, pero que en esencia pretendía modificar la planta de personal de la Contraloría de Ibagué se convirtió en acuerdo municipal.

Aunque varios cabildantes se mostraron contrarios a la iniciativa argumentando vicios de trámite e inconveniencia, para las mayorías se trata de atender y responder a un hallazgo de la auditoría que desde el año 2017 había advertido la necesidad de adoptar decisiones para frenar el pago de supernumerarios en algunas de las vacantes dentro del organismo de control.

Reparos

La primera en alzar la voz frente al trámite de esta iniciativa fue la concejal Linda Esperanza Perdomo quien cuestionó el hecho de que se hubiese esperado hasta el último momento  para presentar este proyecto, cuando perfectamente habría podido se incluido en los periodos de sesiones ordinarias.

La cabildante denunció que ilegalmente el ponente en la comisión respectiva modificó mediante proposición la autoría del proyecto para enmendar el error, pues este había sido presentado a título del Ejecutivo .

Así mismo, reprochó el que se envié un mensaje contrario a la ciudadanía satisfaciendo los deseos burocráticos de un Contralor que está a punto de abandonar el cargo, más aún cuando se encuentra vigente la ley de garantías.

"Contralor de bolsillo"

Entre tanto, el concejal de oposición, Rubén Darío Correa adhirió a los reparos presentados por Perdomo y con menos diplomacia cargó duramente contra el jefe del organismo de control.

No tiene presentación que a ocho días de marcharse pretenda, dos puesticos, dejarlos atornillados o que posiblemente viola la ley… Una Contaloria muy deficiente no tuvo dientes, ciega por no decir acomodada y de bolsillo”, expresó.

Correa tampoco perdió oportunidad para recordar el episodio de la apertura de indagación sobre los contratos para adquisición de mercados donde después  de haber hallazgos por casi 700 millones de pesos y tras un cambio de investigadores, “por poco  la ciudadanía le sale a deber a la Administración”.

Desde el partido liberal el concejal, Javier Mora ahondó  en las observaciones hechas por sus compañeros y expuso que presentar un proyecto de interés exclusivo de la Contraloría en un periodo de sesiones extras donde se deben tramitar asuntos prioritarios del gobierno transgrede la independencia de poderes.

Mora se mostró en desacuerdo además con que no se trate de una restructuración profunda que resuelva de fondo las necesidades  de funcionamiento de la Contraloría sino de una creación de cargos para atender las demandas del Contralor.

“No le creo”

No menos benevolente en su crítica resultó el cabildante Jaime Tocora, quien  dijo no encontrar reunidos los presupuestos mínimos para acompañar esta iniciativa.

Tocora pidió un estudio serio, acompañado por las entidades que la ley dispone para la creación de estos cargos, argumentando no creer en la palabra del representante del órgano de control fiscal.

Se sacudió

La andanada de críticas vino acompañada de la respuesta del Contralor de Ibagué, Iván Darío Delgado quien explicó que no era necesario tener un aval de la Escuela Superior de Administración Pública para elaborar el estudio técnico de creación de los cargos y defendió la no existencia de interés particular alguno en este propósito.

Delgado enfatizó que no se trata de ningún favor político al Contralor, dijo que ni siquiera había hecho cuentas de los días que le restaban para terminar su periodo y desmintió la teoría de los cabildantes, según la cual, la iniciativa había sido presentada a nombre de la Administración.

Lo único cierto es que en medio de la controversia, desde ya se anticipan acciones legales procurando la nulidad del acto administrativo con la consecuencias  penales hacia los concejales que votaron positivo.

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