El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué, resolvió amparar los derechos a la honra y el buen nombre exigidos vía tutela, por el secretario general de la Universidad del Tolima, Andrés Felipe Bedoya Cárdenas.
La acción compromete a los medios de comunicación Tolima 7 Días y La Otra Verdad, al igual que a la actual consejera presidencial para las juventudes, Gabriela Posso Restrepo, quien hizo eco en sus redes sociales de una noticia falsa y carente de pruebas, contra el funcionario de la UT.
La historia
El pasado 31 de enero, la consejera presidencial, Gabriela Posso, hizo una delicada denuncia a través de Twitter, sobre hechos ocurridos en el denominado estallido social del año 2021.
Posso trinó que la secretaría general de la Universidad del Tolima, había filtrado al Ejército Nacional los nombres de 200 estudiantes que participaron en dichas movilizaciones, situación que según ella, puso en riesgo la vida y la integridad de los jóvenes.
“Hemos conocido la grave denuncia de persecución y hostigamiento a Estudiantes de la Universidad del Tolima por parte de la Secretaría General de la Universidad. Denuncian que información sensible de 200 estudiantes y colectivos habrían sido remitida a fuerzas del Ejército”, sostuvo la alta funcionaria.
Y agregó: “Hacemos un llamado a respetar la vida de nuestros jóvenes y su autonomía universitaria. Estas presuntas irregularidades ponen en riesgo la integridad de los y las estudiantes”.
‘Tatequieto’
Para el juez de tutela, Juan Carlos Camacho, estas afirmaciones de Gabriela Posso Restrepo, que comprometen a la consejería presidencial a la que representa, además de falsas fueron irresponsables. Además, sus trinos buscaron generar zozobra en los estudiantes y expusieron la integridad del secretario general de la universidad.
Para el juez, los accionados “utilizaron los medios digitales para publicar y comentar una información, no solo errada sino además carente de sustento probatorio incluso dimensionándola, aumentando y presumiendo intensiones carentes de fundamento, sin haber cumplido con el deber de corroborar la misma”.
El togado sostuvo también que tanto los portales como la consejera presidencial: “actuaron de manera irresponsable al replicar una información que además se da en un momento coyuntural de orden público, para causar no solo zozobra en los estudiantes, sino además exponiendo la integridad personal del accionante”.
Así las cosas, el juez de tutela resolvió amparar los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre de Andrés Bedoya, y ordenó a los accionados no solo rectificar dicha información, sino eliminar los trinos y publicaciones sobre el particular en un término de 24 horas.
Aunque la consejera presidencial publicó un trino tratando de rectificar dicha información, el mensaje en la red social dista de la orden impartida en la sentencia de primera instancia.
Bedoya se pronuncia
“La universidad es muy respetuosa de los movimientos estudiantiles, y jamás vamos a promover algo que vaya a atentar contra la integridad física de nuestros estudiantes”, le dijo a Contrapeso el secretario general de la universidad, Andrés Bedoya.
Andrés Felipe Bedoya, secretario general de la UT.
Para el funcionario de la UT, la retractación de la consejera presidencial no llena sus expectativas como víctima de difamación. “La rectificación no cumple los términos ordenados por el juez, ella debe resarcir el buen nombre del secretario general y señalar que no tenía pruebas de la noticia falsa que publicó”.
El despacho judicial tendrá que evaluar si la funcionaria, con su mensaje en Twitter, cumplió a cabalidad la orden impuesta en el fallo de tutela, o por el contrario, hizo un floja y desaguisada retractación en sus redes sociales.
Según Andrés Felipe Bedoya, la funcionaria del gobierno nacional se expone a un proceso por fraude a resolución judicial.
En la sentencia, se ordena al departamento administrativo de la Presidencia de la República, que capacite a la alta consejera, Gabriela Posso, en el uso adecuado de las redes sociales para evitar este tipo hechos en el futuro.
