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Concejales de Ibagué rindieron descargos en proceso por pérdida de investidura

diciembre 14, 2021
Presidida por el magistrado José Aleth Ruiz Castro la diligencia que se prolongó por espacio de dos horas permitió exponer los detalles de la acción a la parte demandante y dio paso a la controversia de los apoderados de cada uno de los concejales.

Ante la Sala Plena del Tribunal administrativo del Tolima, comparecieron este lunes los 19 concejales de Ibagué y su defensores, en el marco de las actuaciones que sigue ese despacho tras denuncia de pérdida de investidura interpuesta por un abogado de esta ciudad.

Sin intereses

El primero en hacer uso de la palabra fue justamente el accionante Gustavo Trujillo Mahecha, quien dijo mostrarse respetuoso de los servidores procesados y aclaró que no le asiste ningún interés diferente a velar por el cumplimiento cabal de la ley.

Trujillo Mahecha quien aseguró estar pensionado agregó que su demanda tiene asidero en las publicaciones hechas por un medio de comunicación y que desde su lectura constituirían una falta al configurarse una desviación de recursos públicos, causal suficiente para la cancelación de las credenciales de los hoy cabildantes.   

Algunos colegas cuestionan la demanda  por la presentación que se hizo, sin tener presente que esta es una acción presumaria, algo que debería aplicarse en todos los ámbitos de las acciones públicas, en la que se defiende es la ley. Aquí no se defienden intereses, yo no tengo aspiración política de ningún tipo, no necesito ejercer mi profesión de abogado, yo soy pensionado. No tengo ningún interés personal, no conozco, no distingo siquiera a ninguno de los concejales citados a este sitio”, expresó el accionante.

A renglón seguido el jurista, Gustavo Trujillo ratificó que  los concejales de la ciudad no debieron haber recibido  el beneficio de seguridad social a través del pago de una póliza, si al mismo tiempo estaban  afiliados al régimen establecido en la ley 100.

Trujillo agregó que de ser procedente el pago de este beneficio debió otorgarse solo a los cabildantes y en ningún caso a sus esposas o hijos.

Sumas y restas 

A su turno el representante del  ministerio público, Rigoberto Bazán, desestimó lo dicho por el demandante respecto de la póliza de salud al considerar que este es un derecho que desde la ley  les asiste a los concejales.

Sobre los pagos efectuados desde el Concejo para la adquisición de dichos seguros en los años 2020 y 2021, el delegado de la Procuraduría advirtió que sería necesario establecer si el valor de los aportes como afiliados al régimen de seguridad social de los 19 concejales resultaba inferior al valor de la prima de seguro que se pagó. 

Pues de ser así se estaría inmersos ante la causal de indebida destinación de recursos.

Sobre esa teoría, sostuvo Bazán se tendría que entrar a revisar la situación de cada concejal de manera particular para verificar sus beneficiarios en cada anualidad y establecer cuáles de ellos no tenían derecho, ya bien porque no pertenecían al núcleo familiar establecido por la norma o porque ya eran afiliados a una EPS.

La defensa

Al unísono la bancada de la defensa de los 19 concejales de la ciudad cuestionó las imprecisiones en la diferenciación entre póliza de salud y medicina prepagada evidenciadas en el texto de la demanda.

Al mismo tiempo, subrayaron que los procesos contractuales se dieron de manera legal y que los seguros adquiridos corresponden al mandato legal en procura de las garantías al trabajo digno de los servidores.

Por su parte, Tatiana López, apoderada del concejal Ricardo Augusto Zarta, dejó constancia de que su prohijado renunció al beneficio sobre la adquisición de las cuestionadas pólizas tal y como lo certificaron las firmas aseguradoras, por lo que de determinarse que existió algún tipo de inconsistencia en el trámite este debe ser exonerado.

Entre tanto, David Rodríguez,representante legal de otro grupo de concejales, aseguró que contrario a lo expuesto por el accionante en ambas anualidades los contratos de las pólizas de salud versus lo que debía haberse cancelado por concepto de cotización al régimen contributivo le significaron al erario un ahorro de 160 millones de pesos en el año 2020 y más de 200 en el 2021, argumento  desde su óptica más que suficiente para negar las pretensiones elevadas ante la máxima autoridad de lo contencioso.

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