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Carmen de Apicalá podría quedarse sin alcalde

junio 11, 2024
A través de un oficio dirigido al Tribunal Administrativo del Tolima, la Procuraduría General de la Nación pretende que se declare nulidad en la elección de Luis Ángel Gutiérrez como alcalde de Carmen de Apicalá, y expone en detalle cómo habría participado en contratación pública, hasta un año antes de las elecciones.

La Procuraduría General de la Nación, mediante un oficio dirigido al Tribunal Administrativo del Tolima, busca que se declare nulidad en el acto administrativo que sustenta la elección del alcalde de Carmen de Apicalá, Luis Ángel Gutiérrez, debido a que presuntamente firmó un contrato público que tuvo vigencia hasta un año antes de haber ganado en las urnas.

El documento relaciona un convenio establecido entre Gutiérrez Ortiz -oficiando como representante legal de la constructora Caminos del Olimpo SAS- y el exalcalde de esa población para rescatar la deuda generada en el marco de la construcción de las obras de urbanismo del proyecto Lagos del Olimpo en sus etapas I, II, y III.

Alcaldía ibagué

El proyecto urbanístico Lagos del Olimpo, tiene enredado al hoy alcalde del Carmen de Apicalá, Luis Ángel Gutiérrez.

De acuerdo con el sustento hecho por el organismo de control, la empresa privada reconoció que le adeudaba al municipio poco más de $4.800 millones a raíz de licencias de construcción no pagadas. Sin embargo, el entonces alcalde aceptó una cancelación parcial, mediante la figura de bienes y servicios, con la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales y la línea de conducción entre La Cajita y La Palmara.

El acuerdo de “dación en pago”, que involucraba un monto restante en efectivo, postergó la fecha límite inicialmente establecida para el 30 de noviembre del 2022, y la dejó hasta el 15 de junio del 2023. Luego, en febrero del año pasado, se tomó la decisión de incrementar el valor del abono por construcción, de $4.400 a $4.600 millones, con la ejecución de los mismos trabajos.

“El demandado Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, en su defensa, se limita a manifestar que el contrato se suscribió el 15 de diciembre del 2021. Es decir, por fuera del periodo inhabilitante”, asegura la Procuraduría, y agrega también que el artículo 95 de la ley 136, modificado después por el artículo 37 de la ley 617, establece que no podrá ser inscrito como candidato, y mucho menos elegido, quien actúe como al parecer lo hizo el actual mandatario.

“Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos en interés propio o de terceros, siempre que los mismos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Asimismo, quien dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones”.

Con un panorama del que –sobre el papel- difícilmente podría salir bien librado, todo parece indicar que el alcalde de Carmen de Apicalá tiene los días contados en el Palacio Municipal. De declararse nula la elección de Luis Ángel Gutiérrez, los carmelitanos serían convocados a elecciones atípicas para escoger un nuevo mandatario local.

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