El Concejo de Ibagué fue el escenario donde el exsubgerente financiero del hospital, Guillermo Puentes y el despedido jefe interventor de las obras de la comuna nueve, Victor Manuel Lozano se destaparon, dejando en el ojo del huracán al actual Gerente de ese ente descentralizado.

Puentes reveló como para el momento de su salida, el estado de las finanzas de la institución reportaban un déficit de 2.000 millones de pesos, pese a sus esfuerzos administrativos por tratar de contenerlo.

El exfuncionario advirtió ante la plenaria que de mantenerse la misma tendencia al cerrar el año el hueco fiscal de la empresa social del Estado podría rondar los cinco mil millones de pesos.

Este complejo panorama financiero pareciera no significar nada frente a las denuncias hechas por él hasta hace poco jefe de la interventoría a las obras de la unidad hospitalaria de Picaleña.

En su intervención el ingeniero Victor Manuel Lozano ratificó su advertencia sobrecostos en los precios de los materiales empleados que el citante del debate, concejal Rubén Darío Correa estimó hasta en un 46 mil por ciento.

Adicionalmente, explicó cómo su actuación resultó incómoda, ni siquiera para el contratista o su representante legal, sino para el dueño de la obra quien dijo ser el ingeniero Luis Fernando Méndez.

El hoy exjefe de la interventoría acusó al gerente de la Unidad de Salud de Ibagué, Carlos Cuéllar de haber estado detrás de su despido y aseguró tener cómo comprobarlo.

Al mismo tiempo refirió cómo el ingeniero Méndez en uno de los espacios donde coincidieron le pidió no interferir en su trabajo.

Interventor incómodo

Y es que durante la sesión se pudo escuchar un audio de una reunión en la que estuvo presente el Gerente de la USI y el propio Luis Fernando Méndez donde se debatió el futuro de la interventoría.

Allí Méndez, quien en el papel nada tiene que ver con la obra en ejecución, increpa a los participantes por las solicitudes de la interventoría que según su dicho le estarían encareciendo el proyecto.

Estas manifestaciones fueron acompañadas por el saliente subgerente, Guillermo Puentes, al señalar cómo el gerente de la Institución le relegó de sus funciones, le prohibió el ingreso a la obra y el acceso a la información de los avances.

El boicot a su gestión, según dijo, habría llegado al límite del acoso laboral, las burlas y la desautorización que hasta le impidió, pese a ser el supervisor del contrato, hacerse participe del acto de instalación de la primera piedra que la Administración promocionó con bombos y platillos.

"Renuncie"

"Usted no es una persona digna de la confianza de los ibaguereños, si le queda vergüenza y decoro ¡Renuncie!", exclamó el cabildante de oposición.

Ante estas contundentes aseveraciones el concejal Rubén Darío Correa llamó mentiroso al gerente y categóricamente pidió su renuncia.

Correa fue más allá y pidió a los órganos de control intervenir frente a estas denuncias, así como seguir la pista de una lujosa camioneta que, según afirmó, permanece parqueada en el sótano del centro comercial Combeima, cuyo valor superaría los 300 millones de pesos y que estaría relacionada con este contrato.

Los escuderos

En defensa del funcionario se escucharon las voces de los concejales Brayam Escandón y Martha Ruiz, ambos oficialistas, quienes pretendieron desestimar las afirmaciones de los denunciantes con pírricos argumentos.

Para ambos el debate debió estar centrado en el avance de la obra, dando a entender que es más importante que la obra se haga y si termine sin importar que ello signifique pagar mas de lo debido, muy a pesar de que de por medio están los recursos de los ibaguereños.

Ruiz, también dijo que se trata de asuntos personales, políticos y administrativos que no tienen que ver en nada con la competencia del Concejo.

Incluso en referencia a Correa habló de amarillismo y odios que no dejan avanzar la gestión del Alcalde.

Gerente responde

A su turno, el gerente de la USI, Carlos Cuéllar, desestimó las acusaciones en su contra.

Subrayó que no fue su decisión el cambio de supervisor aunque sí sugirió llamar al orden.

Calificó las afirmaciones de Correa como desinformadas y mal intencionadas y dijo no tener nada que ocultar.

También hizo hincapié en que todos los estudios y diseños venían desde la administración anterior y que él no efectuó ningún cambio en ellos.

El funcionario terminó ratificando que no habrá adiciones presupuestales y que la obra deberá estar concluida en junio del 2022.