La semana cierra con una buena noticia para los transportadores y viajeros en el país, pues gracias a una negociación liderada por el Gobierno Nacional, las tarifas de los peajes no subirán este año.

Este alivio aplicaría para los peajes nacionales, de los cuáles la ANI administra 113 e Invias 30. Las tarifas de los departamentales, sí deberán ajustarse a las decisiones que se tomen desde las Gobernaciones encargadas de ellos.

Al respecto el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que esta decisión se tomó a raíz de la crisis económica que enfrenta el país, especialmente por la inflación que para el 2022 cerró en 13.12%.

"Los efectos que han causado la ola invernal y la inflación, además de los impactos en los costos y la afectación a sectores del país. Por lo tanto, la cobertura de los riesgos tarifarios y el desbalance en ingresos se deben compensar a través del esquema de valorización", declaró al respecto.

No tan buenas noticias para propietarios

Para lograr llegar a este acuerdo, el Gobierno se comprometió a compensar el dinero que dejarán de recaudar los peajes y calcula que el monto llegaría a los 500.000 millones de pesos que saldrían del presupuesto nacional.

Para amortiguar dicho gasto, el Gobierno ha anunciado que utilizará la figura de la valorización por las carreteras a los propietarios de los predios aledaños. Una estrategia que hasta el momento no se había implementado, pero que según las cuentas del Gobierno, no solo daría para pagar el costo del beneficio, sino incluso pensar en nuevas obras y hasta eliminar peajes.

Si bien, el ministro mencionó que dicho cobro solo se les realizará a los grandes propietarios y respetará los predios de los más pobres, esta nueva carga tributaría preocupa en general a quienes tienen terrenos y propiedades en el área de influencia.

Tarifas diferenciales

Otro de los anuncios importantes y que traerían alivio a miles de usuarios, sería que desde el Ministerio de Transporte se trabaja en la posibilidad de cambiar su aplicación actual y de esta forma permitir que las personas que viven muy cerca a los peajes sí deban pagar por pasar, pero con tarifas mínimas que no golpeen significativamente su economía.