En su pronunciamiento, el alto tribunal encontró méritos suficientes para afirmar que hubo responsabilidad de Osorio en las conductas de contrato sin cumplimiento de requisitos legales  en concurso con peculado por apropiación a favor de terceros agravado.

Señaló el tribunal que “fue Fernando Osorio Cuenca quien propició el descalabro económico del ente territorial que se comprometió a cuidar, pues gracias a su intervención, dirección y en virtud de su ejercicio como Gobernador del Departamento permitió que la Secretaría del Convenio Andrés Bello se apropiara de los referidos recursos y nada libran de su responsabilidad las argumentaciones defensivas relacionadas con la delegación de funciones y confianza en sus subalternos

No hubo dolo

Entre tanto, sobre lo endilgado por la Fiscalía a Barreto Quiroga, la Corte consideró que aunque este se abstuvo de ordenar la afectación de la póliza de cumplimiento, “no lo hizo guiado por una decisión pueril o intransigente de su parte, sino por el fundado convencimiento que su equipo tuvo acerca de la necesidad de agotar otros procedimientos, lo que desdibuja el dolo enrostrado por el ente acusador”.

Para el abogado Raúl Cadena, defensor del exgobernador Barreto la decisión de la Corte es un gran triunfo para su cliente y también un logro propio desde el punto de vista profesional.

Recalcó el que Barreto se ha caracterizado por ser una persona muy respetuosa frente a los requerimientos de la justicia, ante la que dijo ha comparecido cada vez que se le cita.

¿Cómo lo tomó él?, con mucha alegría, se siente con una moral y con una trasparencia impoluta. Todos los tolimenses pueden estar satisfechos de que ante los cargos que le ha hecho la Fiscalía General de la Nación, los mismos jueces de la república encontraron que no era culpable de ninguno de ellos”, expresó el jurista.

Cadena recordó que el planteamiento de la defensa se centró en la no existencia de ninguno de los delitos imputados y de manera subsidiaria que de encontrarse la existencia de los delitos como efectivamente los encontró la sala en el caso de Fernando Osorio Cuenca, no hubo ningún actuar doloso de parte de Barreto Quiroga quien al contrario cumplió la ley de manera reglada siendo muy riguroso con sus empleados en que había que respetar las normas.

¿Libertad provisional?

Al  anunciar su decisión, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que hasta tanto se adopte una decisión de fondo, Fernando Osorio Cuenca permanecerá en libertad.

Sin embargo, advirtió que al momento de dictar sentencia tomará a consideración el hecho de que Osorio haya atendido los llamado de la administración de justicia, con lo que se establece su sometimiento al ordenamiento y la intención de acatar las determinaciones judiciales.

También precisó que considerará lo planteado por la defensa sobre estado de grave enfermedad incompatible con la vida en reclusión formal.

La audiencia de juicio en la que se anunciará la dosificación de la pena a imponer continuará el próximo jueves en horas de la mañana.

La diligencia estará presidida por la magistrada ponente Blanca Nélida Barreto Ardila y definirá si a juicio del alto tribunal los exmandatarios son responsables penalmente o no por los delitos de prevaricato, peculado y contrato sin el lleno de requisitos legales.

Fiscalía pidió condena

En los alegatos finales, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia Jorge Hernán Díaz pidió a la Corte sentencia condenatoria contra los exgobernadores.

Sostuvo Díaz que en el caso de Osorio el peculado por apropiación reviste circunstancias de agravación al haber coparticipación criminal con quien era su secretario de Educación, Alejandro Rozo Gaeth.

Mientras que de Barreto aseguró actuó de manera dolosa en el trámite de liquidación del Convenio, a sabiendas que como representante legal debió entrar a activar las pólizas que cubrían las obligaciones de la Secretaría Técnica del convenio (Secab)

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Defensa

Por su parte, el abogado Raúl Cadena Lozano apoderado de Óscar Barreto con vehemencia pidió justicia para su defendido mediante fallo absolutorio como quiera que según su argumentación no obra ni una prueba que pueda acreditar dolo.

Ver también: (La suerte para Óscar Barreto ante la Corte, está echada)

Lo político

El anuncio de hoy reviste particular importancia, especialmente para Óscar Barreto quien la semana pasada inscribió su nombre ante la dirección del partido Conservador y viene avanzando en sus correrías y acuerdos políticos a lo largo y ancho del departamento en su aspiración por llegar al Senado de la República.

Una sentencia adversa podría significar una recomposición de las cartas sobre la mesa para mantener la participación de ese grupo político en la esfera nacional y una absolución le daría la tranquilidad para continuar avanzando tras su objetivo con una una preocupación menos.

El Concejo de Ibagué fue el escenario donde el exsubgerente financiero del hospital, Guillermo Puentes y el despedido jefe interventor de las obras de la comuna nueve, Victor Manuel Lozano se destaparon, dejando en el ojo del huracán al actual Gerente de ese ente descentralizado.

Puentes reveló como para el momento de su salida, el estado de las finanzas de la institución reportaban un déficit de 2.000 millones de pesos, pese a sus esfuerzos administrativos por tratar de contenerlo.

El exfuncionario advirtió ante la plenaria que de mantenerse la misma tendencia al cerrar el año el hueco fiscal de la empresa social del Estado podría rondar los cinco mil millones de pesos.

Este complejo panorama financiero pareciera no significar nada frente a las denuncias hechas por él hasta hace poco jefe de la interventoría a las obras de la unidad hospitalaria de Picaleña.

En su intervención el ingeniero Victor Manuel Lozano ratificó su advertencia sobrecostos en los precios de los materiales empleados que el citante del debate, concejal Rubén Darío Correa estimó hasta en un 46 mil por ciento.

Adicionalmente, explicó cómo su actuación resultó incómoda, ni siquiera para el contratista o su representante legal, sino para el dueño de la obra quien dijo ser el ingeniero Luis Fernando Méndez.

El hoy exjefe de la interventoría acusó al gerente de la Unidad de Salud de Ibagué, Carlos Cuéllar de haber estado detrás de su despido y aseguró tener cómo comprobarlo.

Al mismo tiempo refirió cómo el ingeniero Méndez en uno de los espacios donde coincidieron le pidió no interferir en su trabajo.

Interventor incómodo

Y es que durante la sesión se pudo escuchar un audio de una reunión en la que estuvo presente el Gerente de la USI y el propio Luis Fernando Méndez donde se debatió el futuro de la interventoría.

Allí Méndez, quien en el papel nada tiene que ver con la obra en ejecución, increpa a los participantes por las solicitudes de la interventoría que según su dicho le estarían encareciendo el proyecto.

Estas manifestaciones fueron acompañadas por el saliente subgerente, Guillermo Puentes, al señalar cómo el gerente de la Institución le relegó de sus funciones, le prohibió el ingreso a la obra y el acceso a la información de los avances.

El boicot a su gestión, según dijo, habría llegado al límite del acoso laboral, las burlas y la desautorización que hasta le impidió, pese a ser el supervisor del contrato, hacerse participe del acto de instalación de la primera piedra que la Administración promocionó con bombos y platillos.

"Renuncie"

"Usted no es una persona digna de la confianza de los ibaguereños, si le queda vergüenza y decoro ¡Renuncie!", exclamó el cabildante de oposición.

Ante estas contundentes aseveraciones el concejal Rubén Darío Correa llamó mentiroso al gerente y categóricamente pidió su renuncia.

Correa fue más allá y pidió a los órganos de control intervenir frente a estas denuncias, así como seguir la pista de una lujosa camioneta que, según afirmó, permanece parqueada en el sótano del centro comercial Combeima, cuyo valor superaría los 300 millones de pesos y que estaría relacionada con este contrato.

Los escuderos

En defensa del funcionario se escucharon las voces de los concejales Brayam Escandón y Martha Ruiz, ambos oficialistas, quienes pretendieron desestimar las afirmaciones de los denunciantes con pírricos argumentos.

Para ambos el debate debió estar centrado en el avance de la obra, dando a entender que es más importante que la obra se haga y si termine sin importar que ello signifique pagar mas de lo debido, muy a pesar de que de por medio están los recursos de los ibaguereños.

Ruiz, también dijo que se trata de asuntos personales, políticos y administrativos que no tienen que ver en nada con la competencia del Concejo.

Incluso en referencia a Correa habló de amarillismo y odios que no dejan avanzar la gestión del Alcalde.

Gerente responde

A su turno, el gerente de la USI, Carlos Cuéllar, desestimó las acusaciones en su contra.

Subrayó que no fue su decisión el cambio de supervisor aunque sí sugirió llamar al orden.

Calificó las afirmaciones de Correa como desinformadas y mal intencionadas y dijo no tener nada que ocultar.

También hizo hincapié en que todos los estudios y diseños venían desde la administración anterior y que él no efectuó ningún cambio en ellos.

El funcionario terminó ratificando que no habrá adiciones presupuestales y que la obra deberá estar concluida en junio del 2022.

Con un promedio de 90,7, la actual directora administrativa y personera encargada de Ibagué, Francy Johanna Ardila va camino a convertirse en la nueva personera en propiedad de esta capital.

Tras conocerse la resolución 260 con los resultados de la entrevista y la calificación de los 18 cabildantes habilitados para participar en el proceso, quedó prácticamente configurada la lista de elegibles donde la ventaja se la lleva Ardila.

El segundo puntaje  consolidado es para Luis Carlos Hoyos Quimbayo con 85,59 y la tercera Islena Rocío Herrera a quien el resultado de su examen ante la plenaria del cabildo ibaguereño le alcanzó para sobrepasar a Arlid Mauricio Devia Molano, quien, hasta entonces, figuraba tercero en la puja.

Ver: Resolución No. 260 de 2021Descarga

Último Round

El último paso en el proceso de elección de nuevo personero fue la entrevista a la que debieron someterse los aspirantes ante el pleno del Concejo de la ciudad.

Allí cada uno contó con ocho minutos para exponer su hoja de vida y tres minutos para responder dos preguntas formuladas por los cabildantes y depositadas en sobres sellados que aleatoriamente  fueron extraídas por los concursantes de una urna.

Como lo anticipó Contrapeso.com.co  la mejor calificación en esta fase la obtuvo Juan Camilo Gómez Cortés, (83,88)  un joven cajamarcuno, hijo del exalcalde de esa población Luis Evelio Gómez, quien con su elocuencia brilló en la entrevista.

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La segunda mejor puntuada fue Islena Rocío Herrera Peña, (82,22) quien también tuvo una destacada participación, seguida por Francy Johanna Ardila quien alcanzó los 81,66 puntos.

Sin embargo, esta etapa solo tenía una equivalencia dentro del puntaje total del concurso de méritos del 10%, por lo que los resultados de las pruebas de conocimiento, competencias y la valoración de la hoja de vida fueron determinantes a la hora del resultado final.

En las dos primeras, Ardila Salazar con 94,6 y 93,5 respectivamente, ocupó la primera casilla lo que demuestra su amplio dominio de los asuntos propios del Ministerio Público y del cargo a proveer.


Puja política

Aunque lo que sigue en el proceso es la presentación de reclamaciones y la revisión por parte de la Universidad del Atlántico, institución a cargo del concurso, es prácticamente imposible que haya una variación sustancial en la lista de elegibles, al menos entre los tres primeros.

Lo que sí es claro es que Francy Johanna Ardila todavía tiene que superar varios obstáculos en el camino. La supuesta inhabilidad que le endilgan algunos actores y que con seguridad llevarán ante los estrados judiciales, así como una presunta falta cometida durante la entrevista al hacer uso de una ayuda impresa que aunque le fue retirada, una vez se advirtió su existencia, otros le quieren cobrar con severidad, con la exclusión del proceso.

Aún así, Ardila, juramentó ante la Corporación no estar incursa en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para ejercer el cargo.

Perfil

Francy Johanna Ardila es natural del municipio de Melgar, oriente del Tolima. Es abogada de la Universidad Cooperativa, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica y magister en Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la Universidad Oberta de Cataluña.

En dos oportunidades se desempeñó como personera del municipio de  Melgar, procuradora Judicial encargada en ese mismo municipio, actualmente es directora administrativa de la Personería Municipal y personera encargada de Ibagué desde el 4 de septiembre del año 2020.

Además de exponer la hoja de vida y su experiencia, los nominados respondieron al azar dos preguntas extraídas de una urna en sobres sellados que fueron entregadas por los integrantes del cabildo.

En total se entregaron un máximo de 30 puntos posibles, 10 por cada una de las respuestas dadas por los entrevistados.

Al recinto de sesiones del Concejo sólo se permitió el ingreso individual de cada candidato, aunque también estuvieron presentes presencialmente los concejales César Franco, Ferney Varón, Orlando Rodríguez, Linda Perdomo, Brayam Escandón, Eduard Toro y Arturo Castillo, 7 de los 18 habilitados para intervenir en esta decisión, pues como se recordará fue aprobado un impedimento a la concejal Martha Ruiz, cuyo hermano presta sus servicios a la Personería de la ciudad.

La jornada también estuvo acompañada por una delegada de la Procuraduría y uno más de la Defensoría del Pueblo.

Detalles del G9

Contrapeso.com.co presenta a continuación detalles de las intervenciones del grupo de los nueve entre quienes estará el próximo personero de Ibagué si las actuaciones judiciales, una vez más, no terminan echando abajo el proceso.

Luis Felipe Triana Jiménez

Por suerte le correspondió el primer turno para intervenir ante la plenaria. Siendo, como se diría, el conejillo de indias, tuvo que lidiar con dos interrupciones y un receso de 10 minutos antes de poder superar las dificultades de conectividad de recinto.

En su intervención sostuvo que la política pública de la mujer, la equidad de género y las víctimas serían los pilares de su plan de acción en caso de ser elegido.

Con vehemencia se desmarcó políticamente al señalar que no responde a ninguna colectividad o cacique y hasta conminó o a la Corporación a elegir sobre el criterio de los méritos y no atendiendo otras consideraciones o intereses.

No se presten a componendas por debajo de la mesa, a acuerdos políticos, intereses politiqueros o electorales. Elijan a alguien que conozca los temas y no se preste a actos de corrupción”, expresó Triana.

Francy Johanna Ardila

La actual Directora administrativa de la Personería de Ibagué y Personera encargada se precia de ocupar la primera posición en el cómputo de las pruebas de conocimiento, competencias y antecedentes.

Sin embargo, Ardila es una candidata polémica. Sobre su nombre se ciernen dudas sobre un posible impedimento legal para ocupar el cargo en propiedad, aunque con la mano derecha en alto juramentó no estar incursa en inhabilidad o incompatibilidad alguna.

Hay un sector dentro del cabildo con marcado resquemor hacia Ardila, en cabeza de la concejal Linda Perdomo quien, entre otras cosas, propició la suspensión de su entrevista al percatarse que esta llevó al atril un documento soporte, en contra de  lo reglado en la resolución que fijó los parámetros para este ejercicio.

Ante este llamado de atención los organismos de control dispusieron el retiro de la “chiva”  y se habilitó la continuidad en la exposición.

Sin embargo, Perdomo y el concejal Brayam Escandón fueron incisivos en oscultar si además del retiro de las hojas se debió descalificarle por infringir el reglamento.

Esto pone en riesgo el proceso y en desventaja al resto de concursantes”, sostuvo la Concejal del partido verde.

Luis Carlos Hoyos Quimbayo

Parece ser el candidato políticamente correcto. Corren voces dentro del cabildo de que sería el candidato del sector barretista y ante la inminente búsqueda de razones para inhabilitar a Ardila, firme aspirante para ser elegido, pues sería el segundo en puntuación dentro del concurso.

Su presentación ante la plenaria no fue muy atrevida para tratarse de un concurso público y se limitó a aspectos técnicos sobre el mejoramiento de los canales de atención a la ciudadanía y la necesidad de fortalecer la planta de personal de la entidad.

Hoyos es el más veterano de los aspirantes, lo que podría motivar a algunos concejales a darle su respaldo.

Julián Andrés García Novoa.

Se trata de un candidato eminentemente  técnico con el palmarés necesario para ser Personero de la ciudad, sin embargo, no evidencia mayor manejo en lo político, factor en últimas determinante a la hora de la elección y de sumar puntos.

Se definió como un ibaguereño con ganas de hacer que la comunidad tenga acceso real a sus derechos y propuso hacer útil y alcanzable la Personería de ser electo.

Arlid Mauricio Devia

Del grupo de aspirantes entrevistado fue quien mejor administró sus méritos para intentar descrestar a los cabildantes. Hizo mención a su cargo como Procurador en el Huila y en el Atlántico donde  dijo haber conocido por competencia los casos de Aida Merlano y el escándalo de corrupción al interior de la empresa Triple A en Barranquilla.

Se mostró confiado, conciliador, habló de pasar la página de los odios para que la región brille y sostuvo que es necesario pensar en una ampliación de la planta de personal que permita desplegar  la capacidad de respuesta de la entidad

Rogelio Cruz

Adhiriendo a los reclamos de los concejales Linda Perdomo y Brayam Escandón , Cruz pidió al cabildo ibaguereño revisar lo ocurrido con la candidata y contendora Francy Johanna Ardila.

Desde sus consideraciones lo procedente no habría sido solo retirar las hojas de las que disponía la aspirante en el atril sino excluirla del proceso como lo estipulaba el reglamento del concurso.

Su intervención fue cómoda dentro del marco de las competencias propias y la estructura de la Personería. Sin sorprender, está en la pelea dentro de los 10 mejores puntuados en las pruebas.

Juan Camilo Gómez

Quizás es quien menos probabilidades matemáticas puede tener, pues sus puntajes no lo ubican en un lugar favorable dentro de los competidores, pero como en los reinados de belleza, Gómez dejó bocas cerradas con una intervención sesuda, elocuente y estructurada.

Ha tenido experiencia en el sector público y demostró conocimiento sobre los asuntos de la ciudad.

Hizo referencia a la problemática del suministro de agua potable, del necesario acompañamiento a los acueductos comunitarios, refirió a la emergencia del Cañón del Combeima y sacó adelante su entrevista con propiedad y sobrado manejo del atril.   

Islena Rocío Herrera

Si de experticia se trata, pese a su juventud, Islena Rocío Herrera es quien demuestra más horas de vuelo en experiencia relacionada con el cargo.

Ha fungido como Personera municipal  en Valle de San Juan y Flandes lo que explica su agudeza y conocimiento detallado de las funciones a desarrollar.

Prometió anticiparse a las posibles irregularidades y delitos de los servidores públicos y de contar con el apoyo de las mayorías se convertiría no sólo en la primera mujer elegida en propiedad como Personera de Ibagué sino además en la más joven.

Herrera propuso además un trabajo cercano a la comunidad y sin horarios, 24/7. Es de anotar que en las pruebas aplicadas estaría ocupando la tercera posición.

Juan David Díaz

Este joven abogado cuenta con marcada experiencia y cercanía a los asuntos de la administración. Se mostró seguro y tranquilo aunque contundente en varios aspectos como el manejo dado por el ejecutivo a la problemática de la cuenca del Combeima de la que dijo fue una tragedia que se pudo evitar desde el Municipio y sobre la que como Personero haría acompañamiento a las familias afectadas para garantizar la protección de sus derechos.

En el tema de servicios públicos Díaz pidió a los concejales apersonarse de los llamados desvíos significativos en la empresa de acueducto, Ibal, donde el aire en las tuberías, sugirió, podría estar generando recaudos indebidos y ratificó la importancia de hacer seguimiento a los cobros excesivos de la empresa de energía Celsia.

Ocurrió en la Comisión de Presupuesto donde con cuatro votos a dos fue derrotada la ponencia que pretendía habilitar a la administración local para contratar vía vigencias futuras servicios de alquiler de oficinas, mantenimiento, servicios generales y correspondencia.

En el caso de las instalaciones físicas que la administración justificó en la necesidad de garantizar condiciones al personal de planta, contratistas y usuarios, el monto de lo solicitado ascendía a los 5.360 millones de pesos, pero además se incluyeron 820 millones para responder a estas obligaciones en el período octubre - diciembre de este año.

Para el item de aseo y cafetería se solicitó cupo por 1.196 millones para cubrir el año 2022 y 163 millones más para lo que queda del 2021.

En torno a los servicios de correo y embalaje la solicitud de endeudamiento del ejecutivo ascendió a los 575 millones 971 mil pesos para el siguiente año y 71 millones adicionales para lo que queda de este último trimestre.

La ponencia positiva que estuvo a cargo de los concejales Brayam Escandón y Martha Ruiz se empantanó en su primer examen.

Al ser sometido a votación los cabildantes César Franco, Orlando Rodríguez, Eduard Toro y Lisandro Trujillo, sin ahondar en explicaciones le dieron voto negativo a la iniciativa.

El respaldo de Arturo Castillo y Camilo Tavera se quedó en una manifestación de lealtad al Gobierno. Mientras el concejal William Rosas se abstuvo de votar.

¿Y ahora?

Al reaccionar a la votación, la secretaria jurídica, Andrea Mayoral, defendió la viabilidad técnica, jurídica y financiera del proyecto de acuerdo, aceptó la derrota, pero agradeció de todos modos la disposición de la Junta Directiva del Municipio para estudiar las iniciativas del Ejecutivo.

La decisión pone en aprietos al gobierno de Hurtado y su secretaria administrativa Juliana Cuartas, así se lo hizo saber a la Comisión de Presupuesto.

Y no es para menos, la Administración tendrá que buscar otra fórmula para lograr el flujo de caja que le permita mantener abiertas las puertas de innumerables oficinas que se encuentran descentralizadas; recogerlas y devolverlas al edificio del Palacio Municipal o en su defecto a las infraestructuras de propiedad del Municipio.

La otra alternativa sería sacrificar ciertas inversiones y conseguir los traslados presupuestales.

Lo que no está claro es si para responder a los compromisos que quedan de la vigencia 2021 tendrán que pedirle plazo a sus arrendadores.

Durante la audiencia pública de juicio contra el exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo el turno para rendir testimonio fue para la entonces directora ejecutiva de la Corporación Festival Folclórico, Betty García. 

En su declaración García fue enfática en que toda la documentación relacionada con el convenio 1918 del 11 de noviembre del 2016 que llegó hasta su despacho provenía de la Secretaría de Cultura y dejó entrever que firmó sin prevenciones confiando en que actuaba desde la legalidad.

Interrogada por la o las personas que habrían invitado a la Corporación Festival Folclórico a participar de este proceso, la entonces Directora Ejecutiva hizo mención de la exsecretaria de apoyo a la Gestión, María Fernanda Martínez.

En su extenso testimonio, la primera reina cívica de Ibagué  también sacó a relucir los nombres de Basilio Alexánder Vicens, secretario de cultura encargada para cuando se suscribió el polémico convenio y de la titular de esa cartera, responsable de la liquidación del mismo, Ana María Bernal.

Modificaciones

El centro de los cuestionamientos por parte de la Fiscal 38 seccional de delitos contra la Administración Pública, Elizabeth Torres estuvo en el acta de modificación a la cláusula décimo novena que terminó facultando a la Corporación Festival Folclórico para subcontratar las actividades relacionadas con el alumbrado navideño.

Deshojando la margarita, la representante del ente acusador condujo el interrogatorio hacia una asunto medular. ¿Por qué se efectuó tal modificación el mismo día que se firmó el convenio,  desconociendo que lo pactado inicialmente estipulaba que tales cambios debían realizarse en los 15 días previos? y además ¿Por qué si el convenio y su modificación se dieron el mismo 11 de noviembre (viernes) el 15 ya se contaba con los contratos de las tres empresas que se encargaron de la ejecución?

En su comparecencia, Betty Gacía sostuvo que nunca se reunió con Basilio Alexánder Vicens para pactar los ajustes al documento original como también lo establecía el contenido del acto contractual y que simplemente los documentos fueron allegados con mensaje de urgencia a través de una persona que fungía como mensajero.

Autenticidad

Sin embargo, uno de los momentos de mayor tensión dentro de la diligencia fue cuando rescatando el testimonio rendido por la entonces directora de contratación del municipio, Lyda Osma, la Fiscalía puso de presente que el acta aportada por la defensa del exalcalde Jaramillo al proceso podría no ser un documento genuino, por cuanto la funcionaria incorporaba su visto bueno a cada actuación con una firma en tinta azul.

También generó suspicacia a la Fiscalía el hecho de que el mencionado escrito no tuviera ninguno de los logos que usualmente tiene la papelería oficial de la Administración.

Si bien Betty García defendió la tesis de que la subcontratación se hizo con empresas que conocía bien la corporación, buscando la mayor calidad en el trabajo a realizar, que nunca fueron sugeridos por alguien desde la Administración y que cumplieron a satisfacción, hubo un aspecto más sobre el que la Fiscalía pretendió demostrar incongruencias en el testimonio.

Según el ente acusador, como parte del Convenio, la entidad representada por García ofreció 90 millones de pesos representados en actividades artísticas y culturales, aunque una de las firmas subcontratadas Moriah Company se atribuyó el cumplimiento de esta tarea.

La Fiscalía presentó los contratos 062, 063 y 064 cuyos valores en equivalencia suman 1.600 millones de pesos es decir el 100% total del importe de la contribución del gobierno municipal al convenio lo que demostraría que se subcontrató la totalidad de las tareas.

Sin patrimonio

En busca de demostrar que de algún modo la Corporación fue asaltada en su buena fe, Betty García hizo mención de la pérdida de la Casa de la Corporación ante la negativa del pago del total de los dineros pactados en el convenio.

Según García la secretaria de Cultura, Ana María Bernal, rehusó el desembolso de los mil 600 millones de pesos y solo giró mil 200 millones por lo que para cubrir el faltante se terminó perdiendo el que dijo era el único patrimonio de la entidad responsable de las festividades tradicionales de fin de año.

Con esta declaración Betty García terminó desautorizando lo dicho por Félix García quien en su momento expresó dentro del juicio que la Corporación contaba con la solvencia necesaria para asumir los propósitos encomendados por la Administración local.

La audiencia pública de juicio contra el exalcalde Jaramillo continuará el primero de febrero del año 2022.

Así lo pudo establecer Contrapeso.com.co  por fuentes cercanas a su estructura política quienes indicaron que el acto se llevará a cabo sobre las 4 de la tarde en la sede del Directorio Nacional Conservador ubicado en la carrera 24 con calle 37 del reconocido sector del ParkWay en la localidad de Teusaquillo en Bogotá.

Ante la Dirección, Barreto deberá presentar toda la documentación que acredita su palmarés en el ejercicio electoral antes de recibir la unción para incorporar la lista definitiva de candidatos que la colectividad azul radicará ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Según se conoció junto con Barreto estarán los candidatos a la Cámara, Delcy Isaza y Gerardo Yepes, además de un grupo de amigos y familiares cercanos.

Decidido

Aunque tempranamente, Barreto Quiroga ha venido desarrollando correrías por el Departamento, en las que ha presidido masivas concentraciones, dejándose además ver acompañado por líderes de diferentes vertientes y barones electorales, lo único cierto es que hasta ahora no había hecho oficial su aspiración.

De hecho, como lo reveló este portal, en uno de esos eventos habría dejado entrever que no necesariamente habría tomado la decisión de presentar su nombre para los comicios legislativos.

Trayectoria

Como parte de su carrera política, Óscar Barreto Quiroga ha sido dos veces Gobernador del Tolima y  Secretario de despacho.

Intentó ser Alcalde de Ibagué, pero no obtuvo el respaldo popular en su momento. En una de sus aspiraciones al primer cargo de elección popular en el Departamento tampoco consiguió la mayoría necesaria.

Con su impulso logró elegir gobernador a Ricardo Orozco y alcalde de Ibagué a Andrés Fabián Hurtado lo que le ha asegurado participación burocrática importante y capacidad de acción para aceitar su maquinaria.

El exdirector de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso Rodríguez se encuentra a un paso de convertirse en uno de los cuatro comisionados expertos de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), organismo que presiden los ministros de Vivienda y Ambiente.

Las buenas relaciones de Cardoso con funcionarios del alto gobierno, además de su amplia trayectoria pública, lo tienen cerca de quedarse con una posición de gran relevancia en materia ambiental.

La Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico tiene como principal responsabilidad expedir la regulación del sector, pero además dirimir los conflictos o dudas que puedan existir sobre las normas ya existentes.

Cardoso quien es abogado, especialista en derecho administrativo y magister en derecho público cuenta con una amplia experiencia en el sector oficial como secretario de despacho en la Gobernación del Tolima, Personero, Procurador Provincial, Director de Cortolima y recientemente como Jefe de la Oficina Jurídica de la Comisión.

Según el procedimiento de la función pública, tras fijarse la hoja de vida en la página de la presidencia como postulado, deberán transcurrir tres días y luego se expidiría el correspondiente decreto por parte del Ministro de Vivienda con el que se conformaría el nombramiento, si nada extraño ocurre.

En lo político

Cardoso es de origen liberal, amigo personal del exsenador Mauricio Jaramillo Martínez. Sonó como precandidato a la gobernación del Tolima en 2015.

Desde la CRA, Cardoso tendrá  injerencia no solo sobre la regulación y la metodología tarifaria para los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento básico, sino también en aseo lo que le asegura un relacionamiento de alto nivel con grandes firmas.

En el caso de Ibagué tendría en sus manos la aprobación de una actuación particular que próximamente presentará el Ibal ante ese organismo, con lo que podría lavar las culpas del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y el exgerente Alberto Girón, esto en relación con inversiones que se ejecutaron por fuera del Plan de Obras e Inversiones Reguladas (POIR)  y que le generaron endeudamiento a la empresa de acueducto.

Aunque los proyectos se desarrollaron, esas inversiones a la fecha no se están recuperando vía tarifa.  

En este tipo de actuaciones Cardoso Rodríguez sería una cuota incómoda para empresas de servicios públicos y varias alcaldías, donde tiene influencia el exgobernador Óscar Barreto.

Fue en la última sesión  extraordinaria del Concejo Municipal donde se puso a consideración de la plenaria el proyecto de acuerdo por medio del cual se establecen las asignaciones civiles de los diferentes empleos de la administración municipal para la vigencia del año 2021.

En principio, el debate estuvo puesto en el contenido del artículo primero, donde  al sentir de  cabildantes como Miguel Bermúdez faltó claridad técnica cuando los ponentes pretendieron incorporar modificaciones que se apartaban del objeto inicial del proyecto al hablar de escalas salariales del año 2020.


El florero de Llorente

Tras algunas precisiones de la secretaria jurídica, Andrea Mayoral, y cuando las dudas parecían zanjadas apareció el polémico parágrafo del artículo séptimo que volvió a caldear los ánimos al pretender vincular la vigencia anterior.

El debate en lo político tuvo como protagonista ausente a la personera encargada Johana Ardila.

Por un lado, el concejal liberal, Javier Mora cuestionó el desmonte del parágrafo  al recordar la existencia de un fallo judicial que ordena a la Personería y al Concejo coadyuvar en las acciones jurídicas para resolver de fondo la situación de los trabajadores de esa entidad a quienes no se les incrementó su salario conforme a las disposiciones del Gobierno nacional.

En tal sentido urgió a la Corporación aprovechar este proyecto de acuerdo para responder a la solución del entuerto.

"No vamos a prevaricar"

La intervención de Mora mereció una contundente réplica de la concejal Linda Esperanza Perdomo quien sostuvo que no se puede pretender meter miedo o constreñir al cabildo para prevaricar en nombre de una acción judicial tomando decisiones sobre vigencias ya expiradas.

A renglón seguido arremetió contra la personera Ardila a quien acusó como única responsable de las dificultades que hoy enfrenta  el personal de esa delegación del Ministerio Público, al no tomar las decisiones que le correspondían.

Agregó que el parágrafo era ilegal y que mantenerlo sería equivalente a reconocer que se motivó falsamente al Concejo de la ciudad con un proyecto que hacía referencia a un  aumento salarial del 2021.

En solidaridad con lo planteado por Javier Mora se manifestó el presidente del Concejo, Arturo Castillo quien precisó que el fallo de tutela, aunque objeto de apelación, se mantiene vigente y  requiere ser resuelto más allá de que la responsabilidad recaiga sobre un funcionario, por cuanto los platos rotos los están pagando los servidores públicos, en especial cuando, según él, los recursos están asegurados, por lo que pidió mantener el parágrafo.

Cambios de postura

Para enredar aún más el asunto la Secretaria Jurídica del Municipio indagada por los ponentes, explicó que el parágrafo se incluyó únicamente como antecedentes y referencias y que en su estructura como fue concebido originalmente por la Administración era respaldado integralmente.

Ante tamaña confusión el concejal Miguel Bermúdez anticipó su voto negativo, al considerar que hay una falta de seriedad jurídica y técnica de parte del Ejecutivo incorporando a manera de memoria un decreto presidencial del 2020 con el que se rompe la cadena jurídica del acuerdo, incorporando un mico en la iniciativa.

Encrucijada

Sobre la tutela en el caso de la Personería, la representante del gobierno, Andrea Mayoral aclaró que el municipio de Ibagué no fue afectado ni vinculado a ese proceso por lo cual no existe ningún interés en incorporar la vigencia 2020 para subsanar esta problemática.

Ante los repentinos cambios de postura de la Administración el coordinador ponente William Rosas se declaró atónito, dijo no entender  por qué no se permitió mantener las proposiciones presentadas por los tres ponentes desde el primer momento.

En la encrucijada sobre el futuro del parágrafo el presidente del Concejo se trenzó en discusión con los concejales ponentes a quienes les recriminó haber tenido 10 días para estudio del proyecto como para no tener claridad meridiana sobre la iniciativa.

Este reclamo fue refutado por el cabildante William Rosas quien dijo los cambios de última hora  vinieron desde la Dirección Jurídica del Municipio.

Aprobado

Luego de varias horas de discusión y buscando evitar el naufragio del proyecto, el concejal Arturo Castillo propuso poner a consideración el texto original del parágrafo tal y como fue presentado por el ejecutivo, el cual fue votado mayoritariamente por  15 concejales, dos más lo hicieron de manera negativa, mientras el coordinador ponente se abstuvo.

Ante tamaña ambigüedad, no se sabe si el nuevo acuerdo terminó legalizando el asunto de los sueldos no nivelados de la Personería Municipal o si incluso puede ser a futuro objeto de nulidad ante las instancias judiciales.

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