Ocurrió en la Comisión de Presupuesto donde con cuatro votos a dos fue derrotada la ponencia que pretendía habilitar a la administración local para contratar vía vigencias futuras servicios de alquiler de oficinas, mantenimiento, servicios generales y correspondencia.
En el caso de las instalaciones físicas que la administración justificó en la necesidad de garantizar condiciones al personal de planta, contratistas y usuarios, el monto de lo solicitado ascendía a los 5.360 millones de pesos, pero además se incluyeron 820 millones para responder a estas obligaciones en el período octubre - diciembre de este año.
Para el item de aseo y cafetería se solicitó cupo por 1.196 millones para cubrir el año 2022 y 163 millones más para lo que queda del 2021.
En torno a los servicios de correo y embalaje la solicitud de endeudamiento del ejecutivo ascendió a los 575 millones 971 mil pesos para el siguiente año y 71 millones adicionales para lo que queda de este último trimestre.
La ponencia positiva que estuvo a cargo de los concejales Brayam Escandón y Martha Ruiz se empantanó en su primer examen.
Al ser sometido a votación los cabildantes César Franco, Orlando Rodríguez, Eduard Toro y Lisandro Trujillo, sin ahondar en explicaciones le dieron voto negativo a la iniciativa.
El respaldo de Arturo Castillo y Camilo Tavera se quedó en una manifestación de lealtad al Gobierno. Mientras el concejal William Rosas se abstuvo de votar.
¿Y ahora?
Al reaccionar a la votación, la secretaria jurídica, Andrea Mayoral, defendió la viabilidad técnica, jurídica y financiera del proyecto de acuerdo, aceptó la derrota, pero agradeció de todos modos la disposición de la Junta Directiva del Municipio para estudiar las iniciativas del Ejecutivo.
La decisión pone en aprietos al gobierno de Hurtado y su secretaria administrativa Juliana Cuartas, así se lo hizo saber a la Comisión de Presupuesto.
Y no es para menos, la Administración tendrá que buscar otra fórmula para lograr el flujo de caja que le permita mantener abiertas las puertas de innumerables oficinas que se encuentran descentralizadas; recogerlas y devolverlas al edificio del Palacio Municipal o en su defecto a las infraestructuras de propiedad del Municipio.
La otra alternativa sería sacrificar ciertas inversiones y conseguir los traslados presupuestales.
Lo que no está claro es si para responder a los compromisos que quedan de la vigencia 2021 tendrán que pedirle plazo a sus arrendadores.
