Según el análisis técnico de la entidad, durante el primer trimestre de 2026 el recaudo alcanzó $41.362 millones, frente a los $39.065 millones reportados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una variación de $2.296 millones (6%).
“Durante el primer trimestre del año, periodo en el que históricamente se recauda aproximadamente el 74% del total anual de la sobretasa ambiental, el crecimiento registrado fue únicamente del 6% frente al mismo periodo de la vigencia anterior, porcentaje que refleja más un efecto asociado a la dinámica inflacionaria y al ajuste natural de las tarifas, que a un incremento estructural derivado de la implementación de las medidas municipales de actualización catastral”, explicó Diana Beltrán, profesional especializada de la Subdirección Administrativa y Financiera de Cortolima.
En el caso de Ibagué, el comportamiento fue aún más moderado. El recaudo pasó de $29.001 millones en el primer trimestre de 2025 a $29.392 millones en 2026, con una variación de apenas 1,3%, cifra que evidencia un crecimiento bajo y cercano a la estabilización.
Cortolima recordó que las actualizaciones catastrales realizadas bajo el modelo de catastro multipropósito debían reflejar sus efectos fiscales durante 2026; sin embargo, sostuvo que las cifras actuales no muestran el impacto tributario que normalmente generan estos procesos.
Con los recursos obtenidos por concepto de la sobretasa ambiental desde 2020, la corporación ha financiado proyectos de saneamiento básico como la construcción de siete colectores, seis plantas de tratamiento y 873 sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Además, ha impulsado prácticas sostenibles mediante la entrega de 4.045 estufas ecoeficientes, 92 biofábricas, 99 biodigestores, 16 hornillas paneleras, 4.068 huertas caseras y 839 filtros verdes.
También se destacan iniciativas comunitarias como la entrega de 455 sistemas de recolección y almacenamiento de agua lluvia, conocidos como cosechas de agua, y 12 reservorios, así como procesos de restauración ecológica en 3.178 hectáreas y programas de Pagos por Servicios Ambientales.
La entidad recordó que la sobretasa ambiental es una renta propia de las corporaciones autónomas regionales, establecida en la Ley 99 de 1993, por lo que los recursos transferidos por los municipios no tienen una destinación específica para el territorio donde fueron recaudados.
