La iniciativa busca permitir que estas mujeres puedan estar junto a sus hijos menores de edad, apoyando su proceso de educación y previniendo que la delincuencia se reproduzca en sus hijos, quienes podrían convertirse en futuros delincuentes.

“Si estas mujeres continúan en prisión y sus hijos sin ellas, estos niños crecerán sin afecto y muchos de ellos se convertirán en criminales en el futuro. Esta es la lógica de la violencia y de la exclusión, una especie de sifón suicida. Cortamos esta cadena aquí y permitimos que estos niños tengan a su madre", afirmó Petro al respecto.

La nueva ley será reglamentada en los próximos seis meses y permitirá que los jueces reemplacen las sentencias de cárcel por la prestación de servicios de utilidad pública no remunerados que ayuden a la comunidad en la reconstrucción del tejido social afectado por la comisión del delito.

La ley fue aprobada por el Congreso de Colombia en julio de 2021 y posteriormente revisada por la Corte Constitucional debido a algunas objeciones, que finalmente fueron rechazadas en la sentencia C-256 del 6 de julio de 2022. Después de ser devuelta a la Cámara de Representantes, la ley finalmente fue remitida a la Presidencia para su promulgación.

Según datos del Ministerio de Justicia, en Colombia hay aproximadamente 17.000 mujeres privadas de la libertad, una cifra que ha aumentado en un 400% en los últimos 20 años. Esta nueva ley busca reducir las tasas de reincidencia y fortalecer los lazos familiares, permitiendo que estas madres puedan estar presentes en la vida de sus hijos y contribuyendo así a su formación y desarrollo.

La medida ha sido acogida con satisfacción por diversas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en el país, quienes destacan que esta ley es un paso importante hacia la construcción de una justicia más humana que tenga en cuenta la realidad de las personas más vulnerables en la sociedad.